TeleSUR - La recién creada comisión que investigará las presuntas violaciones a las garantías individuales cometidas durante el conflicto social ocurrido en el estado de Oaxaca, tendrá seis meses para presentar un informe que será remitido por la Suprema Corte mexicana al Poder Legislativo, ente que deberá hacer el pronunciamiento final.

La Suprema Corte de Justicia Nacional de México (SCJN) aprobó los términos y las condiciones que deberá seguir la comisión designada para investigar la presunta violación grave de garantías individuales ocurridas en el sureño estado de Oaxaca (sur), entre mayo de 2006 y enero de 2007.

La comisión estará integrada por los magistrados Roberto Lara y Manuel Baraibar, quienes tendrán a su cargo las primeras investigaciones sobre la situación en Oaxaca y deberán presentar los resultados en un informe en un lapso de seis meses.

Asimismo, los magistrados deberán presentar ante la SCJN un informe mensual sobre los avances paulatinos que se produzcan en las averiguaciones.
El pleno de la Suprema Corte mexicana, señaló que aunque no se determinarán responsabilidades, sí se señalarán personas o autoridades que estén relacionadas con los hechos ocurridos en el sureño estado donde 20 personas murieron en el conflicto social.

La SCJN acordó el lunes que la investigación también abarcará “los probables excesos de las fuerzas policiales municipales, estatales y federales, así como la posible pasividad u omisión por parte de las autoridades”.

Se espera que con el informe suministrado por los magistrados Lara y Baraibar, la máxima instancia judicial mexicana envíe sus recomendaciones al Poder Legislativo para su consideración.

Decenas de maestros oaxaqueños salieron a las calles entre el mes de mayo y diciembre de 2006 en reclamo de mejoras salariales, sin embargo las movilizaciones fueron reprimidas por el gobernador de la entidad, Ulises Ruíz, con apoyo de los efectivos de la Policia Federal.

Durante la represión 20 personas perdieron la vida, mientras que otras 300 fueron detenidas, de las cuales hasta ahora 7 continúan bajo arresto.

Esta situación llevó a la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO) a solicitar sin éxito la renununcia del gobernador Ulises Ruíz, del Partido Revolucionario Instirtucional (PRI).